Personas trans demandan al Congreso de El Salvador por falta de ley de género

Las organizaciones que defienden los derechos humanos de la población LGTBI han reclamado durante años la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos

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Un grupo de organizaciones que defienden los derechos humanos de la población LGTBI y otras entidades humanitarias presentaron este jueves una demanda contra la Asamblea Legislativa de El Salvador por la falta de aprobación de una ley que garantice a las personas trans un nombre adecuado a su identidad y expresión de género.

En la demanda, presentada a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS), también se le pide al Supremo que “realice el respectivo control de constitucionalidad sobre la conducta de omisión del Congreso al no reconocer, regular y establecer el derecho al cambio de nombre de las personas trans en el documento de identidad”.

Las organizaciones señalaron en un comunicado que entre los motivos para interponer la demanda están que “en el artículo 36 de la Constitución de la República se establece el derecho fundamental que toda persona tiene a poseer un nombre con el cual se identifique”.

“La omisión de la Asamblea Legislativa también vulnera lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) respecto al derecho al cambio de nombre por motivo de identidad de género”, agregaron.

En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Parlamento un anteproyecto de Ley de Identidad Género, la cual hasta el momento, según las organizaciones LGTBI, no ha sido discutida ni estudiada por los diputados que integran la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.

Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado durante años a los legisladores la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.

Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este colectivo. 

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